Resumen:
Es evidente que, con la promulgación de la Constitución de la República en el año 2008, la protección del medioambiente ha tomado un mayor protagonismo, pues en este instrumento se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, siendo la obligación del Estado: proteger los bienes jurídicos ambientales de la sobreexplotación, procurando lograr un desarrollo económico sustentable. Como parte de las políticas públicas que el Estado ha implementado a fin de dar cumplimiento a estos objetivos se encuentran los instrumentos económicos de gestión ambiental, que están dirigidos a hacer que las fuerzas del mercado sean las principales propiciadoras de la satisfacción de las metas ambientales, siendo los más importantes los incentivos tributarios, mismos que buscan afectar el comportamiento de los actores económicos a un costo fiscal limitado y fomentan el crecimiento y desarrollo del país. Uno de los principales incentivos tributarios está enfocado en el uso de energías renovables en el desarrollo de inversiones nuevas en el Ecuador mismo que garantiza prioritariamente la protección de la naturaleza y la sostenibilidad. Actualmente, como incentivos tributarios determinados para el uso de energías renovables en el Ecuador, el Estado ha fomentado el desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través de los organismos públicos, y principalmente a través de la exoneración del pago de aranceles y demás impuestos adicionales para la investigación, producción, fabricación e instalación de sistemas destinados a la utilización de energía solar, eólico, geotérmico, biomasa y otras. Pese a todas estas acciones, en la actualidad los incentivos tributarios, no han tenido la eficacia prevista, pues si bien es cierto, se ha observado un crecimiento notable en esta área energética, la inversión en el Ecuador aún está lejos de alcanzar a otros países de la región y del mundo.
