Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo revisar la inclusión del derecho a la alimentación de niños y niñas entre 0 y 5 años en las políticas públicas del Ecuador en el período 2007-2013, más que una evaluación de la aplicación de la política pública el trabajo está orientado a conocer si las políticas públicas de este período trabajaron o incorporaron el tema de la alimentación como un derecho para esta población.
A partir de la ratificación, por parte del Ecuador, de la Convención de los derechos del Niño en el año 1989, la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003, y el reconocimiento de los niños, niñas y adolecentes como ciudadanos y por lo tanto como sujetos de derechos en las Constituciones del 1998 y del 2008, la garantía de los derechos de esta población es un objetivo de importancia para el país.
El derecho a la alimentación adecuada forma parte del grupo de derechos orientados a garantizar el desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes. En la Constitución del 2008 se reconoce que los niños y niñas son población prioritaria por lo tanto garantizar el derecho a la alimentación en esta población, en especial en la población de 0 a 5 años, es una prioridad.
A pesar que el Ecuador tiene un importante marco normativo que promueve la garantía de los derechos de los NNA y que a la Soberanía Alimentaria se le reconoce como un derecho que contempla el derecho a la alimentación como un elemento fundamental que el Estado debe respetar, proteger y garantizar asegurando la existencia de leyes y programas que permitan su cumplimiento, la información sobre desnutrición en población menor de cinco años, en nuestro país, evidencian que el problema no ha sido resuelto.
En este contexto, este trabajo parte de la idea de que para garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la República es necesario definir e implementar políticas públicas que permitan su cumplimiento. En este sentido en las siguientes páginas se pretende realizar un revisión de las políticas públicas alimentarias elaboradas en nuestro país en los últimos 6 años y mirar si, en primer lugar, existen políticas alimentarias para esta población, en segundo lugar, si éstas se encuentran enmarcadas no solo en la garantía del derecho a la alimentación por sí solo sino como parte de un sistema más amplio como es el de la Soberanía Alimentaria y finalmente saber si se cuenta con institucionalidad que permita dar cumplimiento a las políticas existentes.
