Resumen:
Pese a que el Plan Nacional para el Buen Vivir señala que a nivel nacional el espacio público es escaso y de baja calidad, hay ciudades como Quito que sobrepasan el parámetro internacional de 9 m2 de área verde por habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo cabe cuestionarse hasta qué punto la asignación de área verde por habitante está distribuida de forma equitativa en la ciudad, siendo accesible para todos por igual, y que a su vez, se esté dando cumplimiento a dos de los derechos consagrados en la Constitución, que son: vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, y el derecho a la ciudad. Es por esto, que la presente investigación pretende demostrar que se puede llegar a la protección ambiental en la ciudad y a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de las áreas verdes en el espacio público, y con esto garantizar plenamente los derechos antes mencionados
