Los proyectos y/o programas de desarrollo territorial rural que se implementan en el país, en general, han dejado de ser ejecutores para volverse facilitadores, encargando la ejecución de las propuestas de transformación de los territorios a entidades ejecutoras locales (organizaciones de la sociedad política y organizaciones de la sociedad civil). Las propuestas de desarrollo serán eficaces y eficientes en la medida que los escenarios en los que se desempeñan posibiliten constatar una vida comunitaria dinámica y sostenida y, a su vez, la vida comunitaria sólo será posible en la medida que exista un capital social que permita el desarrollo de capacidades para trabajar juntos y para consolidar relaciones de confianza que faciliten variados tipos de transacciones, como las de los mercados o las de la gestión del conocimiento local.