En el Ecuador, hasta hace pocos años atrás, los pueblos y nacionalidades indígenas constituían solamente espectadores pasivos de la vida pública del país. Ejercían sus derechos políticos a medias, porque su participación en el sistema de representación pública se limitaba a elegir y no a ser elegidos. Esta restricción tenía que ver por un lado, con las limitaciones que establecían las constituciones históricamente, ya que recién en 1978 la Constitución Política de la República deja abierta la posibilidad de que el indígena pueda elegir y ser elegido; y por otro lado, el mismo sistema excluyente y burocrático emprendido desde la constitución misma del Estado ecuatoriano, ha hecho que los pueblos y nacionalidades indígenas no sean participes directos en el sistema de representación pública.